Alejandro Fernández Zugazabeitia
A fin de categorizar el arrendamiento de viviendas como una actividad económica, la Ley del IRPF exige la existencia de una persona empleada con contrato laboral a jornada completa, dedicada a la gestión de las viviendas afectas a dicha actividad. El cumplimiento de este requisito tiene carácter material y no formal, de forma tal que, si la carga de trabajo o el volumen del patrimonio inmobiliario objeto de explotación no justifica el mantenimiento de un empleado, la Hacienda Pública se encontrará habilitada para recalificar las rentas obtenidas como rendimientos del capital inmobiliario.
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