La garantía de ingresos mínimos de las comunidades autónomas se dirige a paliar las situaciones de carencia de recursos y de exclusión social de los ciudadanos que residen en su territorio. Por esta razón, se diseña con un carácter bifronte: así, por un lado, se establece una prestación económica y, por otro, se articula un programa de inserción laboral y/o social. No obstante, aun cuando tanto la prueba de recursos como la aceptación del cumplimiento de las exigencias de inserción son condiciones comunes para acceder a estas rentas básicas, el tratamiento que de las mismas se hace por parte de cada comunidad autónoma presenta grandes diferencias, lo que será objeto de estudio de trabajo.
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