La lectura total del Informe del Defensor del Pueblo ofrece un resumen de las preocupaciones de la ciudadanía en todos los ámbitos de la realidad social poniéndose de relieve que no estamos ante una «España vacía», que gusta decir ahora [tal vez mejor, desocupada], sino ante una «España viva» de la que forma parte un gran número de ciudadanos que se «quejan» particularmente del ordenamiento jurídico-tributario. El hecho de que las Administraciones Públicas muestren sus reticencias, cuando no su resistencia, a los requerimientos y sugerencias del Defensor del Pueblo no debe desanimarnos, lo que hay que pedir es que la Institución sea dotada de los medios y recursos necesarios para que su labor sea más efectiva, de modo que las Administraciones Públicas y los titulares de los distintos órganos lo respeten y teman, pues el Defensor del Pueblo, como se dice en el artículo 54 CE, está designado por las Cortes Generales para defensa de los derechos comprendidos en Título I CE [«De los Derechos y Deberes Fundamentales»].
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