La protección de los derechos humanos sociales es uno de los principales objetivos requeridos del Estado constitucional moderno. En este sentido, gran parte de los esfuerzos institucionales deben centrarse para cumplir con esa orden, y en el ejercicio, es posible que el Estado puede proporcionar, la correcta aplicación de los derechos de primera y segunda generación, como el derecho a la vida, a la libertad de sensu lato, la no discriminación de los derechos políticos, entre otros, los resultados favorables, ya que es posible para asegurar su protección la aplicación de los mecanismos que se han implementado en las sociedades modernas para el cumplimiento.Sin embargo, la protección de los derechos humanos sociales, como la salud, la vivienda, la educación, implica una serie de factores desfavorables que impiden la correcta aplicación, ya que dichos derechos son impulsados por las políticas públicas a través de la acción del Estado, lo que se traduce en la asignación de los recursos públicos destinados al gasto o presupuestos a ejercer por del gobierno. Ante este escenario, el presente estudio determinará que el correcto ejercicio de las asignaciones para la solución de los problemas de derechos sociales, debe significar un compromiso por parte del Estado para cumplir con las libertades mínimas necesarias para el desarrollo de la persona, que es la razón por la monitoreo del gasto público en estas partidas presupuestarias, constituye, la expansión de los derechos sociales.
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