El Letrado de la Administración de Justicia ante la ejecución de sentencias de desahucio en el caso de okupas y en el RD-Ley 7/2019

• Autores: Alberto Martínez de Santos
• Localización: Práctica de tribunales: revista de derecho procesal civil y mercantil, ISSN 1697-7068, Nº. 139, 2019, pág. 3
• Idioma: español
• Texto completo no disponible (Saber más ...)
• Resumen
  • español

    La preocupación que recientemente han mostrado el Legislativo y el Ejecutivo en materia de vivienda se ha traducido en una sucesión de normas y de modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil — la Ley 5/2018, de 11 de junio, en relación a la ocupación ilegal de viviendas y el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler— que parecen tener la doble finalidad de amparar al arrendatario y, al titular de la vivienda en el caso de ocupación ilegal. En el último caso el problema es que se han introducido especialidades procesales de difícil comprensión por su indeterminación, lo que no solo acentúa la inseguridad jurídica, sino que obliga a distinguir cual de aquellas podría aplicarse y cómo se ejecutaría el título; ejecución que a su vez y, por último, nos lleva a la intervención de los Letrados de la Administración de Justicia y de los Servicios sociales y a sus posibles límites.

  • English

    The concern recently shown by the Legislative and the Executive powers in housing matters has resulted in a succession of rules and amendments to the Civil Procedural Act —Law 5/2018, of 11 June, in relation to the illegal occupation of dwellings and Royal Decree-Law 7/2019, of 1 March, on urgent measures regarding housing and rent— which seem to have the dual purpose of protecting the tenant and the owner of the dwelling in the case of illegal occupation. In the latter case, the problem is that procedural specialities have been introduced that are difficult to understand due to their vagueness, which not only accentuates legal insecurity, but also makes it necessary to distinguish which of those specialities could be applied and how the property title would be enforced; an enforcement that in turn and, finally, leads to the intervention of Justice Administration and Social Services Lawyers, and its possible limits.