El presente trabajo tiene por finalidad abordar los antecedentes y las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, y las consecuencias sociales y jurídicas que su implementación trajeron al estado ecuatoriano, advirtiendo que su accionar fue inconstitucional desde su origen, destacándose una ilegal actuación, caracterizada por la extralimitación de sus funciones, ya que realizaron evaluaciones e investigaciones no contempladas en la Consulta Popular que dieron origen a su existencia como ente transitorio.
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