La provisión de puestos de trabajo en la Administración Local es una técnica que permite optimizar la eficacia del servicio público. Para ello, debe velarse por el respeto a los principios constitucionales de publicidad, concurrencia, mérito y capacidad y evitar las desviaciones para atender intereses electorales, clientelistas, sindicalistas o inercias que sacrifican tanto la eficacia como los derechos del común de los funcionarios. Se imponen criterios rigurosos y objetivos para evitar las perturbaciones de los errores de provisión, especialmente cuando son constatados por la jurisdicción contencioso-administrativa con la consiguiente perturbación para la estabilidad de las plantillas y efectos indemnizatorios
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