Sobre la base de la complejidad de los denominados delitos urbanísticos, el trabajo aboga por la conveniencia de que aquellas cuestiones urbanísticas que determinen la culpabilidad o inocencia del sujeto fueran resueltas por la jurisdicción contencioso-administrativa. Esa era la idea inspiradora del régimen establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como norma especial frente a las reglas generales de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
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