Acceso a la justicia y defensa pública en contextos federales: : ¿quién accede y por qué en las provincias argentinas?

• Autores: Catalina Smulovitz
• Localización: Revista SAAP: Sociedad Argentina de Análisis Político, ISSN-e 1853-1970, Vol. 13, Nº. 2, 2019, págs. 229-256
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Access to justice and public defense in federal contexts: : who accesses and why in the argentinian provinces?
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• Resumen
  • español

    El artículo compara la forma en que las provincias argentinas prestan servicios jurídicos gratuitos y analiza los factores que explican las diferencias en su provisión. Se argumenta que la provisión de defensa pública y el acceso a la justicia resultan muy heterogéneas entre jurisdicciones debido a que el federalismo argentino otorga a las provincias amplias capacidades legislativas para definir el sistema legal local. El artículo describe la variación en la forma en la que las provincias proveen defensa pública y analiza si la misma es atribuible a consideraciones administrativas, a necesidades de la población local, a la oferta de abogados privados o a los niveles de competencia política. Los resultados empíricos muestran que la forma en que las provincias proveen defensa pública no está relacionada con las necesidades de la población, sino con consideraciones administrativas y con el tamaño del mercado local de abogados privados

  • English

    The article compares the ways in which Argentine provinces provide free legal services and analyzes the factors that account for the differences in their provision. It claims that public defenders’ provision and access to justice are quite heterogeneous among jurisdictions, since Argentine federalism grants great legislative power to provinces to define their local legal system. The article describes the variation in the way provinces allocate public defenders and analyzes if the latter can be attributed to administrative factors, local needs, the supply of private lawyers or the levels of political competition. Empirical results reveal that the manner in which provinces allocate public defenders is not related to the population needs, but instead to administrative factors and the size of the local market of private lawyers