En México, el acceso al agua en las áreas urbanas es un problema originado por la ausencia de una normatividad adecuada para el buen uso y distribución de este recurso, pues debido al esquema actual de consumo se ha basado principalmente en beneficiar las necesidades productivas. La participación de la población en las ciudades es pieza clave para el proceso de cambio de la estructura normativa de la distribución del bien hídrico. Esto se basa en la posición ordenada y responsable de los ciudadanos, donde los bienes naturales retornan a ser comunitarios. En este trabajo se ha encontrado que en México existe una intensa política de consumo y distribución del agua enfocada al aspecto productivo, sin considerar los riesgos ambientales.
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