En la actualidad, la operación de los servicios de abastecimiento de agua potable y alcantarillado en la provincia de Alicante, se encuentra de manera mayoritaria en régimen de gestión indirecta, si bien, existe un elevado porcentaje de municipios, especialmente los de menor población, cuya gestión sigue estando bajo el ámbito de sus servicios propios. El perfil de estas poblaciones se caracteriza por estar ubicados, en su mayoría, en zonas con cierta dificultad de acceso, con una población media-pequeña y con escasez de recursos tanto económicos como técnicos, para poder afrontar por sí solos la adecuación y modernización de sus servicios de suministro de agua potable y alcantarillado. Todas estas circunstancias condicionan que su gestión no resulte atractiva para los operadores privados, a pesar de que estos municipios no están exentos de los habituales problemas de la gestión del recurso agua, y en muchos casos enfatizados debido a lo limitado de sus medios y posibilidades. Las diputaciones provinciales no son ajenas a las dificultades de estos municipios, por ello están asumiendo un papel primordial, tanto en lo que se refiere a la asistencia y ayuda a los mismos, como en la misión de asegurar la prestación de servicios municipales esenciales como son los relativos al ciclo integral del agua, tal como establece la Ley de Bases de Régimen Local. A pesar de ello, nos encontramos con problemas en la eficiencia operativa de la red, así como en materia sanitaria, fruto de los requisitos legales, cada día más exigentes, que hacen necesario un cambio cualitativo en la gestión, con el fin de garantizar la prestación adecuada y eficiente de estos servicios básicos de competencia municipal. La realidad es que los rendimientos de las redes de estos municipios están muy por debajo de aquellos otros donde se lleva a cabo una gestión especializada, estableciéndose un diferencial entorno al 25%. La media de los municipios con prestación directa del servicio, sin gestión especializada, sitúa su rendimiento por debajo del 50%, mientras que aquellos que disponen de una empresa encargada de la gestión, bien sea pública o privada está por encima del 75%, de acuerdo con los datos disponibles de la Asociación Española de Abastecimientos y Saneamientos (AEAS). Pero quizás un aspecto más importante incluso que el económico, sería el aspecto sanitario, con las dificultades o casi imposibilidad por si solos, dada la escasez de medios técnicos, para garantizar unas condiciones higiénico sanitarias básicas de acuerdo con el reciente Real Decreto 902/2018 de 20 de julio de 2018 de aguas de consumo humano. A ello hemos de añadir los requerimientos del sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC). Los 48 municipios de la provincia de Alicante cuya gestión actual de los servicios de agua potable y alcantarillado está siendo realizada por la propia entidad local y con población inferior a 5.000 habitantes ocupan una extensión de 952,08 Km2, con una población total en 2016 ha sido de 25.331 habitantes, lo que determina una densidad de población de 26 habitantes por km2, frente a los 321 habitantes por km2 para el conjunto de la Provincia. Siendo la población media de 528 habs. por municipio; el 60% de los municipios no supera los 500 habitantes y solamente 6 superan los 1.000 habitantes. La Diputación de Alicante, como decíamos no es ajena a las dificultades de estos municipios, en especial los de menor población, para ejercer las competencias que les son propias. Dentro de este escenario los Ayuntamientos de Fageca, Quatretondeta, Tollos y Alcocer de Planes, han solicitado mediante los correspondientes acuerdos plenarios una propuesta de convenio a realizar con la Excma. Diputación Provincial de Alicante para que, a través de su empresa pública PROAGUAS, se proceda a la gestión integral del ciclo del agua entendiendo que dicho convenio ha de conducir a mejorar el servicio de atención a la población.
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