Resumen de Estado penal y ministerio público en Argentina:: Estado Hacia un análisis normativo y cultural del fenómeno punitivo (y cómo debería solucionarse)
- español
En las sociedades contemporáneas, especialmente de ámbitos anglosajones y, tras la caída del Estado de bienestar y el welfarismo penal, se ha comenzado a hablar en este siglo XXI de una nueva “cultura del control”, caracterizada por movimientos sociales reaccionarios y dispositivos de vigilancia y prevención del delito en clave actuarial. Asimismo, en los últimos años esta misma criminología anglosajona no sólo ha estudiado estos nuevos fenómenos de control, sino que también ha descrito el rol operativo que pueden tener los administradores de la política criminal a través de lo que denominan como el “Estado penal”, es decir, el conjunto de instituciones y actores políticos del Estado que dirigen la política de castigar y su despliegue. Según aseguran, cuanto mayor autonomía institucional tengan estos actores, menos punitivo será el accionar que tenga el Estado para con la sociedad. En Argentina sin embargo, creemos que esto no es así: siguiendo la idea de que el Ministerio Público es el encargado de planificar y dirigir la política criminal del Estado, sostenemos en primer lugar que en las condiciones actuales de “autonomía” y escasa cultura de rendición de cuentas que tienen sus funcionarios para con la ciudadanía, los niveles de punitivismo no sólo no disminuyen, sino que en muchos casos incluso aumentan. En segundo lugar, y partiendo de los saberes del Derecho Procesal y de organismos de la sociedad civil, proponemos una serie de reformas institucionales que puedan modificar estas condiciones actuales de la ‘cultura punitiva’ en los funcionarios públicos, siguiendo lineamientos de una persecución penal estratégica. Finalmente, se responde a los criminólogos argentinos críticos de estas reformas y se intenta repensar la noción de “actuarialismo” según las experiencias Argentinas, identificando instituciones no estudiadas por la criminología local.
- English
In contemporary societies, especially in Anglo-Saxon areas and, after the fall of the welfare state and penal welfarism, it has begun to speak in this 21st century of a new "culture of control", characterized by reactionary social movements and surveillance devices and crime prevention in actuarial key. Also, in recent years this same Anglo-Saxon criminology has not only studied these new phenomena of control, but has also described the operational role that administrators of criminal policy can have through what they call the "Penal State", that is, the set of institutions and political actors of the State that direct the policy of punishing and its deployment. As they claim, the greater the institutional autonomy of these actors, the less punitive will be the action that the State has towards society. In Argentina, however, we believe that this is not the case: following the idea that the Public Prosecutor's Office is in charge of planning and directing the criminal policy of the State, we hold first of all that under the current conditions of "autonomy" and little culture of accountability of their officials to citizenship, levels of punitivism not only do not decrease, but in many cases even increase. Second, and starting from the knowledge of Procedural Law and civil society organizations, we propose a series of institutional reforms that can modify these current conditions of the 'punitive culture' in public officials, following guidelines of a strategic criminal prosecution. Finally, the Argentine criminologists critical of these reforms are answered and an attempt is made to rethink the notion of "actuarialism" according to Argentine experiences, identifying institutions not studied by local criminology.
