A Coruña, España
Los procedimientos judiciales en Derecho de Familia poseen la peculiaridad de que en un número alto de casos nunca se cierran, litigando ambos progenitores tanto por la guarda y custodia como por el régimen de visita hasta prácticamente la mayoría de edad de los hijos.
Esta litigosidad implica elevados costes para el sistema judicial, y altos niveles de deterioro de la salud psicosocial y física de los padres, junto con problemas serios en el desarrollo evolutivo de los menores. En este trabajo se han seleccionado tres variables que se pretenden testar si pueden explicar la credibilidad de cada parte y cada agente del proceso:
el principio-guía que debe guiar la decisión judicial (el interés superior del menor, el contacto con ambos progenitores, o ambos simultáneamente); la presencia en el informe psicosocial de la Administración de manipulación materna (especificando alta imaginación del menor y poca credibilidad del mismo, información de existencia de manipulación, o no información de posible manipulación); y por último el establecimiento de la credibilidad del testimonio del menor por pericial privada (se establece el testimonio del menor como veraz –maltrato- y se determina la idoneidad de la madre, o no se habla de la credibilidad del menor, sino de la idoneidad de la madre). A continuación se analiza el efecto de estas tres variables en la credibilidad de cada parte en el proceso. Se utilizó una muestra incidental de 169 personas, y se realizó un ANOVA nominal, incluyendo pruebas de correlación mediante el coeficiente “eta cuadrado” y pruebas de significación por pares mediante la técnica Scheffé. Los resultados indican que las tres variables manipuladas implican niveles de credibilidad de cada parte del proceso muy diferentes, demostrando que los valores que pueden guiar la toma de decisiones así como el tipo de informe que emitan los equipos psicosociales y los peritos particulares, suponen que se pueda llegar a producir una decisión judicial muy distinta. Por última, se realizan propuestas de modificación del procedimiento judicial para conseguir un adecuado bien del menor. Se trata de un estudio de representaciones sociales, ya que los informantes son legos en la materia.
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