Se analiza por el alto Tribunal europeo la exclusión de los servicios de arbitraje y conciliación, y de determinados servicios jurídicos, del ámbito de aplicación de la Directiva 2014/24 sobre contratación pública, desde el punto de vista de los principios de igualdad de trato y de subsidiariedad, así como de los artículos 49 TFUE y 56 TFUE.
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