¿Hasta qué punto la opinión pública influyó en el desenlace de los acontecimientos que se detonaron el 27 de diciembre del 2002 con el asalto de fuerzas privadas de Televisión Azteca al cerro del Chiquihuite? ¿E:vistió en la llamada esfera pública un consenso tal que forzó a una toma de posición de la clase política y de los jueces, a pesar de la abierta y documentada negligencia gubernamental? Estas preguntas constituyen una de las preocupaciones fundamentales para todos aquellos que, de una u otra forma, escribimos, protestamos y nos expresamos en contra de la abierta ilegalidad cometida por Televisión Azteca.
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