El presente artículo tiene por objeto elaborar una anticipación a las posibles consecuencias de la aprobación de la ley que pretende hacer de la sostenibilidad fiscal un principio constitucional, lo que la tornaría indispensable como criterio para la solución de conflictos. Se trata de una cuestión muy controversial, en la medida en que el nuevo énfasis de este principio podría ser interpretado en detrimento de los derechos fundamentales, económicos y sociales, y, en general, en contra de las conquistas del estado prestacional.
This article seeks to anticipate the possible consequences of passing the law that purports to turn financial sustainability into a constitutional principle, which would make it a standard criterion for conflict resolution. It is a highly controversial issue, as the increased importance of this principle could eventually be interpreted in a way that is detrimental to basic human rights, as well as economic, cultural, and social rights, and it could hurt the conquests of the welfare state.
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