Partidos políticos, sindicatos, autoridades académicas y parlamentarias están en contra de que en la universidad pública haya profesores incompatibles. Pero nadie hace nada para evitarlo, a pesar de que causan un perjuicio económico al Estado de 3.000 millones de pesetas al año. ¿Es que los profesores universitarios pueden flagrantemente incumplir la ley y otros no?
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