La no intervención produjo un fuerte perjuicio para la República durante la guerra civil española, al mismo tiempo que favorecía los intereses rebeldes. Para intentar romperla, los distintos gobiernos antifascistas promovieron políticas internacionales encaminadas a acabar con el boicot mediante la presión sobre Reino Unido y Francia, principalmente. En este sentido se impulsó la creación de una comisión que analizara si los bombardeos habían tenido como objetivo a la población civil. Esta Comisión se conformó gracias a la voluntad del Gobierno británico, consciente de la preocupación de su opinión pública frente a los peligros relativos a los ataques aéreos. De esta forma, se realizaron una serie de misiones a petición del Gobierno republicano para determinar la naturaleza de los bombardeos realizados por la Aviación sublevada.
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