El trabajo tiene como objetivo exponer como las cuestiones prejudiciales C-224/19 y C-259/19 que se encuentran pendientes de resolución ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pueden frustrar, si prospera el criterio de la Comisión Europea, el objetivo pretendido por la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario de suprimir tras su entrada en vigor, la litigiosidad derivada de la declaración de nulidad de estas cláusulas.
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