Salud y migración

• Huerta Lara, María del Rosario ^[1]
  1. [1] Universidad Veracruzana

     Universidad Veracruzana

     México

     
• Localización: Letras jurídicas: revista de los investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas U. V., ISSN 1665-1529, Nº. 37, 2018, págs. 35-47
• Idioma: español
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• Resumen
  • español

    Para las personas en situación de vulnerabilidad, como es el caso de los migrantes, quienes atraviesan el territorio nacional o eligen a éste como destino, el derecho de acceso a la justicia y a la salud, son derechos fundamentales que buscan que toda persona, sin distinción alguna, pueda a acudir ante los sistemas nacionales de salud o ante jueces, tribunales y cortes de justicia, por violaciones a sus derechos humanos.

    En este artículo se exploran algunas experiencias en los medios de protección no solo legal para personas migrantes, particularmente en aquellos casos donde se vulnera el derecho a la salud, por motivos varios: por el riesgo a ser deportada, expulsada o privada de su libertad, cuando la persona acude a las instancias administrativas o judiciales, o por la negativa a la prestación de un servicio público gratuito, como la atención médica, o la defensa legal a favor del migrante, lo cual impide que se hagan valer los derechos. Al respecto, esta exposición sostiene que es el Estado quien debe garantizar que el derecho universal a la salud, como al acceso a la justicia, sea no solo acciones formales sino reales y sustantivas.

  • English

    For people who are in a situation of vulnerability, as in the case of migrating people crossing the country or those who chose this as a destination, the right to have access to justice, is a fundamental human right which seeks that every person, without any distinction can resort to judges, courts and tribunals for violations to their human rights.

    In this article some resources and ways of defense for migrating people are explored, in those cases where the right to the guaranties and judicial protection are vulnerated for various reasons: the risk of being deported, cast away or deprived of their freedom when the person resorts to the judicial or administrative offices, and for the negative to receive free defense services for a legal defense in their favor which keep the enforcement of their rights in the process. In this respect, this statement sustains that it is the State who must grant that the access to justice is real and not only formal.