El artículo explica la racionalidad económica detrás del Fondo de Infraestructura (FI), creado por ley en Chile en 2018, y las restricciones bajo las cuales este operará. El FI se constituye mediante el valor presente de los ingresos netos futuros provenientes de los cobros a usuarios de las concesiones de obras públicas, una vez que vuelvan a ser licitados. El FI opera bajo el formato de empresa pública, teniendo un giro amplio que incluye el financiamiento, operación e inversión en nuevas obras de infraestructura. Para evitar que el FI no pierda valor, debe generar utilidades en el ejercicio de su función, lo cual restringe el set de proyectos que el fondo puede ejecutar o financiar. Divergencias entre la misión del FI y el interés público pueden ocurrir en la fijación de peajes y los momentos de ampliar la infraestructura
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