Como consecuencia del desarrollo del comercio electrónico se ha puesto de manifiesto una inquietud entre los legisladores de los distintos países avanzados para controlar, por un lado, los beneficios de tal actividad y hacerles tributar y, por otro, la generación de impuestos indirectos derivados de las prestaciones de servicios y entregas de bienes que se producen en la realización de esta actividad.
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