El punto específico de la presente investigación se centra en determinar la eficacia que eventualmente tendría la recomendación vinculante de la Contraloría General de la República, producto de la tramitación de un procedimiento administrativo, donde se hayan cumplido todas las garantías del debido proceso, contra un funcionario de confianza, cuando por máxima, según el régimen propio de este tipo de funcionario, los mismos son de libre nombramiento y remoción.
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