En el presente trabajo se expone la importancia de la incorporación de la responsabilidad social en las políticas, planes, programas y acciones de las Administraciones Públicas y, sobre todo, la aplicación de criterios de sostenibilidad social, ambiental, económica, financiera y de transparencia en la contratación pública. Se trata de utilizar el poder de la compra pública y el enorme volumen de recursos que moviliza para favorecer la consecución de objetivos concretos de otras políticas públicas como son los sociales y laborales, medioambientales, de apoyo a las PYMES, la innovación y el desarrollo o la defensa de la competencia.
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