Se discute si una empresa que participa minoritariamente en una UTE está legitimada para la interposición de un recurso cuya pretensión consiste en que se anule la adjudicación y se reconozca el derecho de la UTE como adjudicataria. La sentencia es de gran interés porque fija doctrina casacional, en el contexto una serie de precedentes jurisprudenciales caracterizados por su elevado casuismo.
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