Es indispensable una Administración de Justicia provista de personal y de medios para evitar el deterioro progresivo al que está abocado de manera irremisible este servicio público. España está a la cabeza de los recortes presupuestarios que afectan de forma adversa a los recursos dedicados al sistema judicial, según señala el Informe 2019 sobre Indicadores de Justicia de la Unión Europea. Es necesario revertir esta situación para poder garantizar la buena organización y la eficacia de nuestro sistema de justicia.
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