La Ley Integral contra la violencia de género diseña, por primera vez, un entramado que estructura y vertebra la actuación de las diferentes Administraciones públicas, cualquiera que sea su ámbito competencial y funcional, así como la de resto de actores implicados en el combate contra la violencia de género. La extensión de esta red por todo el territorio asegura una acción integrada y coordinada que se instituye en garantía de la eficiencia del sistema de protección integral y de tutela de las víctimas de esta violencia.
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