Dentro de un verdadero Estado Democrático de Derecho, las decisiones emitidas por éste deben provenir de una participación colectiva de la ciudadanía. Así, el ejercicio libre e igualitario de los derechos político-electorales se presenta como una condición necesaria para que dicha participación abarque y alcance a todos los sectores de la sociedad, incluyendo las mujeres; sin embargo, la problemática radica cuando las vías a través de las cuales se materializa dicha participación, como son los partidos políticos, no garantizan la representación política de las mujeres en condiciones de igualdad. En ese sentido, el hecho de que en México los partidos políticos sean las únicas vías de arribo al poder público impone al Estado el deber de vigilar, proteger y garantizar la existencia de elementos que fomenten la igualdad material de las mujeres en su normativa
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