El autor analiza la eventual repercusión penal de las informaciones que han aparecido sobre la gestión de las residencias de ancianos en la Comunidad de Madrid después de que los medios de comunicación revelaran un protocolo emitido por la Dirección General de Coordinación Socio-Sanitaria que excluía la derivación hospitalaria de ancianos con infección respiratoria compatible con Covid-19.
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