El saber antiguo conocía los riesgos del ejercicio del poder arbitrario y la necesidad de prevenirlos. Las diversas instituciones diseñadas para exigir responsabilidades a las autoridades y funcionarios (desde el juicio de residencia a las vigentes leyes de probidad), han de encontrar un punto de equilibrio entre la indeseable impunidad y la paralización de la toma de decisiones, por temor a sus consecuencias. La responsabilidad política no es suficiente para alcanzarlo, así que necesitamos mecanismos preventivos de la arbitrariedad y un nuevo énfasis en los aspectos subjetivos (personales, humanos) de la responsabilidad.
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