La división de las administraciones de Oriente y Occidente en 395 condujo a los sucesores de Teodosio I a establecer normas imperiales que regularan el empleo del griego a efectos oficiales, a partir de algunos precedentes del siglo III. No obstante, las medidas de 397 y 439 preveían que el latín fuera la lengua de uso preferente en los procesos judiciales y en los documentos de valor jurídico, en tanto que el griego quedaba reservado a las sentencias, los negocios entre particulares y las acciones testamentarias.
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