Un nuevo reto recae sobre el urbanismo: la doble necesidad de frenar el cambio climático y, sobre todo, de hacer frente a los riesgos que este nos plantea mediante nuevos planeamientos resilientes. No se trata solo de planificar nuevos crecimientos capaces de resistir a las amenazas cada vez más reales del clima, sino de garantizar la conservación de los espacios más vulnerables, evitando que se vuelva a construir en ellos o incluso asegurando el derribo o traslado de las construcciones existentes. Este artículo se centra —a partir del análisis de experiencias previas en materia urbanística y de los instrumentos de adaptación de la costa en el derecho comparado— en analizar los límites y las posibilidades de la legislación urbanística para hacer frente a la adaptación al cambio climático, lo que plantea, en muchos casos, un problema jurídico complejo en torno a los derechos urbanísticos del propietario privado y un auténtico reto colectivo de futuro.
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