La actual Ley de Contratos del Sector Público, modificó la Ley General de Derechos de las personas con Discapacidad caracterizando la nueva categoría de Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social. La obligación de realizar contratos reservados para entidades sociales y la posibilidad de aplicar características objetivas que formulen licitaciones más sociales permite impulsar la igualdad por medio de los contratos públicos. Los centros especiales de empleo de iniciativa social pueden ser un instrumento para promover el empleo de trabajadores con discapacidad con especiales dificultades de acceso al empleo, pero todavía se requieren algunos ajustes en la normativa estatal y autonómica.
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