El establecimiento de categorías delictivas generales representa un problema político-criminal y dogmático muy notorio a la hora de implementar y aplicar disposiciones normativas abstractas para brindar prerrogativas o para restringir el ejercicio de derechos. Esta es una problemática que justamente ha experimentado la categoría jurídica denominada como delito político, ya que tradicionalmente el ordenamiento constitucional ha dotado al delito político de unas prerrogativas que permiten afirmar la existencia de un tratamiento diferenciado frente al tratamiento ordinario que se le da al delito común.
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