Durante la pandemia universal hemos sido testigos, en este país del sur, de un conjunto de hechos que no solos nos distinguen del resto de la región, sino que tienen un factor en común, la relación sustancial entre política y derecho: Los máximos tribunales penales del país, la Cámara de Casación Federal y el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, dictan sendas resoluciones siguiendo recomendaciones internacionales dirigidas a descomprimir el gravísimo hacinamiento en las prisiones y evitar miles de muertes. Las decisiones desatan una campaña opositora injusta, desproporcionada que genera ira ciudadana. Se produce un retroceso en la materia aún cuando decisiones similares han sido dispuestas a lo largo y ancho del planeta.
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