Las penas de inhabilitación susceptibles de ser impuestas a las personas jurídicas en virtud de lo establecido en el apartado 7.f) del artículo 33 del Código Penal, suscitan una serie de cuestiones directamente relacionadas con la necesaria concreción de su concepto y naturaleza jurídica, sobre cuál sea su contenido material, siendo expuestas igualmente las dificultades técnicas y prácticas asociadas a su ejecución procesal.
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