María Estrella Gutiérrez David
Las reformas recientes en el sector audiovisual español, cuyo principal exponente ha sido la Ley 7/2010, General de Comunicación Audiovisual, han supuesto cambios trascendentales en la ordenación tradicional del sector. La reducción del ámbito del servicio público, la liberalización de la radiodifusión terrestre privada, la supresión del sistema concesional y su sustitución por el sistema de licencias y de comunicación previa, la nueva financiación de RTVE, la planificación del ‘dividendo digital’ tras el apagón analógico, la flexibilización de las medidas anticoncentración, la regulación de la TDT de pago o la creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) como autoridad audiovisual estatal independiente y de control constituyen algunas de las novedades que se analizan a la luz del principio de transparencia y otros estrechamente relacionados, como los de pluralismo, competencia, publicidad o participación ciudadana en los asuntos públicos. Se trata de analizar hasta qué punto la nueva legislación es coherente o no con los mencionados principios.
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