Resumen de Dificultades prácticas derivadas de la competencia de los Tribunales Superiores de Justicia para el reconocimiento de laudos arbitrales extranjeros

Javier Julio Izquierdo Jiménez, Marta Robles Cháfer

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  This article analyses the practical difficulties involved in conferring jurisdiction over applications for recognition of foreign arbitral awards to the Civil and Criminal Chambers of the High Courts of Justice. In particular, the study focuses on cases where the defendant for recognition is a sovereign state. This condition determines not only a rigorous examination of the issues associated with immunity from jurisdiction and execution but also, from a purely practical point of view, the territorial competence for the knowledge of both the recognition and the execution of the arbitral award and the possible requests for precautionary measures or for the assurance of such future execution. In particular, the authors raise and seek to resolve the doubts raised by the possibility that those interim measures may be granted by a court of first instance other than that of the place where the High Court of Justice, which is hearing the exequatur proceedings, has its seat.

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  Este artículo analiza las dificultades prácticas que plantea la atribución de la competencia para el conocimiento de las solicitudes de reconocimiento de laudos arbitrales extranjeros a las Salas de lo Civil y de lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia. En particular, el estudio se centra en los casos en que el demandado de reconocimiento sea un Estado soberano. Esta condición no solo determina un examen riguroso de las cuestiones asociadas a la inmunidad de jurisdicción y ejecución sino también, desde el punto de vista puramente práctico, de la competencia territorial para el conocimiento tanto del reconocimiento y la ejecución del laudo arbitral y de las eventuales solicitudes de adopción de medidas cautelares o de aseguramiento de esa futura ejecución. En especial, los autores plantean e intentan resolver las dudas que suscita la posibilidad de que esas medidas cautelares sean acordadas por un Juzgado de Primera Instancia que no sea el del lugar en que el Tribunal Superior de Justicia, que esté conociendo del procedimiento de execuátur, tenga su sede.