Los actuales mecanismos legales de los que disponemos en nuestro ordenamiento jurídico, bien por su deficiente aplicación, bien por sucesivas reformas que poco a poco vacían de contenido anteriores medidas legales, nos están llevando a una situación en la que incluso para los Jueces les resulta difícil saber cuál es la respuesta legal adecuada, con lo que se demuestra que esos mecanismos son del todo insuficientes para responder eficazmente a este problema de la ocupación ilegal que ahora ya, traspasando sus límites, puede llegar a convertirse en “reocupación ilegal”.
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