La decisión del Govern balear de ceder viviendas vacías a colectivos vulnerables ha causado sorpresa en el sector inmobiliario y jurídico, y genera el debate de que derecho debe primar si el derecho a la propiedad privada y el derecho a la vivienda digna. Estos dos derechos fundamentales tienen que cumplirse con equidad, aunque la crisis causada por la pandemia ha dado pie a que el acceso a la vivienda se dificulte debido a la precariedad económica de muchas familias, provocando, por ende, que las administraciones públicas den más apoyo a este colectivo.
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