La cobertura de la situación protegida de incapacidad en general, y de la incapacidad temporal en particular nos muestra una amplia litigiosidad derivada, entre otros, de dos factores cuyo análisis pretendemos realizar en el presente trabajo: la interpretación interesada y restrictiva de la normativa reguladora de las situaciones de baja, su inicio y extinción junto a la valoración de las situaciones incapacitantes que las entidades gestoras de la Seguridad Social muestran y la tendencia pro administración que los órganos judiciales exhiben en sus resoluciones relativas a los procesos de incapacidad, en cuya fondo late sencillamente una criticable motivación economicista.
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