La Ley 9/2017 , de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, hace recaer el control del derecho de acceso a la información pública en materia de contratación en los tribunales administrativos de recursos contractuales. Al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno le asigna, en exclusiva, la tarea de emitir informes, a petición de los órganos de contratación. Por otra parte, amplía la posibilidad de la creación de tribunales administrativos de recursos contractuales a los denominados municipios de gran población, así como a otras entidades locales. En este capítulo se hace una recopilación de los tribunales administrativos de recursos contractuales existentes en España en los tres niveles de la administración (estatal, autonómica y local), y se presenta, además, la relación de los que podrían crearse a nivel local tras la entrada en vigor de dicha ley. Este mapa permitirá apreciar las dimensiones que podría adquirir en el futuro inmediato la red de tribunales administrativos de recursos contractuales, y la necesidad de su pronta armonización de criterios.
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