Pormenores de la negociación bilateral entre Venezuela y Guyana para un arreglo práctico a la controversia territorial durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-1979)

• Autores: José Rafael Gamero Lanz
• Localización: Tiempo y Espacio, ISSN 1315-9496, Vol. 36, Nº. 70, 2018, págs. 241-281
• Idioma: español
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• Resumen

  • A partir de la firma del Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966, Venezuela consiguió el reconocimiento británico y guyanés frente a la Organización de Naciones Unidas de que existe una controversia, independientemente de su carácter jurídico o político, en torno a la soberanía territorial del vasto territorio al Oeste del río Esequibo: la Guayana Esequiba. Sin embargo, mientras la postura británico – guyanesa ha reiterado desde entonces que la decisión arbitral que definió el límite entre los Estados Unidos de Venezuela y la colonia de la Guayana Británica (el Laudo de París) es perfecta e inapelable, Venezuela sostiene que el acuerdo alcanzado en 1966 implícitamente reconoce la necesidad de negociar soluciones mutuamente satisfactorias para el arreglo práctico y definitivo que pueda resarcir los efectos políticos y jurídicos que se derivaron de la usurpación británica al territorio venezolano en Guayana. Luego del vencimiento del periodo de cuatro años de labores en la que estuvo instalada la Comisión Mixta  estipulada por el Acuerdo de Ginebra, Venezuela y Guyana acordaron la firma de un protocolo que prorrogó las negociaciones bilaterales por 12 años, con la intensión de promover el entendimiento y mejorar las relaciones diplomáticas entre ambos países. Este instrumento, conocido como el Protocolo de Puerto España, fue fuertemente criticado por supuestamente “congelar” la reclamación venezolana y anular los esfuerzos previamente realizados para la recuperación del territorio. No obstante, por el contrario, los pormenores en el periodo que estuvo en vigencia el Protocolo (entre 1970 y 1982) atestiguan los esfuerzos de ambos gobiernos por alcanzar un arreglo práctico, lo que implicó la necesidad de la negociación política como método para la resolución del diferendo, y revelan la disposición guyanesa de reconocer la soberanía venezolana en un espacio de 18.470 km2 y una amplia proyección marítima hacia el océano Atlántico en la Zona en Reclamación, a cambio de financiamiento y apoyo logístico en la construcción del Proyecto Hidroeléctrico del Alto Mazaruni.