La ejecutabilidad de los laudos es la característica más valorada del arbitraje. Este mecanismo alternativo depende, casi en su totalidad, de la eficiencia del producto último que brinda: el laudo. La calidad de este, no obstante, puede variar dependiendo de los árbitros encargados de su elaboración y, sobre todo, de las instituciones que cumplen la función de regular el procedimiento arbitral.
En este artículo, los autores proponen que las instituciones arbitrales en Perú implementen el escrutinio de laudos como mecanismo para mejorar la calidad y ejecutabilidad de los laudos. El objetivo es que sea un factor adicional de competencia entre ellas y las lleve hacia un nivel de calidad más exigente en los servicios que ofrecen. Esta medida está alineada con las preferencias de los usuarios y demandará un gran esfuerzo institucional, una labor técnica de diseño, una fuerte política de internacionalización y una decidida labor de docencia. Sin embargo, generará beneficios que superarán ampliamente sus costos para la práctica del arbitraje en el país y, sobre todo, beneficios directos para los usuarios.
The enforceability of awards is the most valued feature of arbitration. This alternative dispute resolution mechanism depends, almost entirely, on the efficiency of the final product it provides: the award. The quality of this instrument, however, may vary depending on the arbitrators in charge of rendering it and, most important, the institutions that fulfill the function of regulating the arbitral procedure.
In this article, the authors propose that arbitral institutions in Peru implement the scrutiny of awards in order to improve the quality and enforceability of awards. This scrutiny aims to be an additional competition factor among them as well as it leads them to having a higher quality standard in the services they offer. This measure is in accordance with the users’ preferences and would demand great institutional effort, a technical design work, a strong policy in favor of internationalization and a determined teaching work. Nevertheless, it would generate benefits that would far outweigh its costs for the practice of arbitration in the country and, most importantly, direct benefits for the users.
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