La Comisión Europea ha planteado una propuesta ambiciosa de regulación de la Inteligencia Artificial (IA) en la UE, prohibiendo algunas aplicaciones que pueden violar los derechos europeos, limitando otras de alto riesgo, con un sistema de supervisión nacional y comunitario, que incluye la posibilidad de multas cuantiosas. Puede tener un impacto global, pero también frenar las posibilidades de desarrollo propio de la IA en la UE. A la vez, ha presentado un Plan Coordinado sobre IA que viene a actualizar, post-pandemia, la estrategia al respecto que había presentado anteriormente, especialmente en el terreno de las inversiones, para las que propugna 20.000 millones de euros al año.
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