El derecho de acceso a la información pública, tutelado por la Constitución Política de México se ha constituido como un derecho humano fundamental; sin embargo, por su misma naturaleza, este derecho puede oponerse a otras prerrogativas de la misma jerarquía constitucional, uno de ellos es el derecho a la privacidad o intimidad. El problema no es menor cuando se debe ponderar el derecho de máxima publicidad previsto en numeral sexto constitucional y el derecho a la protección de datos personales previsto en el artículo dieciséis del mismo ordenamiento, máxime cuando estos datos pertenecen a servidores públicos, puesto que la misma naturaleza de la función que éstos últimos desempeñan, exige la publicidad suficiente que permita el escrutinio y fiscalización pública. El umbral de la privacidad de la información de un servidor público debiera ceder frente al interés público, de allí que la condición de su derecho a laprivacidad se encuentre en una situación distinta a la de cualquier otro ciudadano. En el presente ensayo se recogen algunas de las principales argumentaciones que han vertido los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al hacer el ejercicio de ponderación de estos dos derechos fundamentales, con el objetivo de determinar, bajo un enfoque exploratorio y analítico, las contribuciones teóricas que los debates y los precedentes aportan a una temática que, en el plano Internacional y Convencional, aún no está del todo definida.
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