Desde la teoría delito, la minoridad se estudia como una causa de inimputabilidad; advirtiéndose reformas estructurales en materia legislativa, desde tratados internacionales vinculatorios incidieron en reformas constitucionales que perfilaron una seguridad jurídica para adolescente que cometía el ilícito, quien debía ser reconocido en todos sus derechos humanos, no por el hecho de ser tratados como adultos, sino porque se le reconocieron sus derechos fundamentales de debido proceso, de audiencia y legalidad. Estas reformas definieron principios rectores de la justicia penal para adolescentes en Sonora, a partir de la aprobación de la Ley que establece el sistema integral de justicia para adolescentes, de septiembre de 2006; determinándose los cambios fundamentales en la ley, correlacionándose el fenómeno de la delincuencia juvenil en la entidad a partir de los comportamientos estadísticos que proporciona el Poder Judicial del Estado de Sonora, respecto a las incidencias delictivas y tipos de delitos en que están participando los menores en nuestra entidad.
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