Desde cualquier punto de vista, el COVID-19 ha significado un punto de inflexión en la forma de analizar y comprender el funcionamiento de la Administración de Justicia. El teletrabajo, el «hecho tecnológico» o las reformas «de eficiencia» (procesal, organizativa y digital) proyectadas e impulsadas por el Ministerio de Justicia conducen a un inexorable cambio cultural para todos los operadores jurídicos. Sin embargo, un interrogante se abre paso en la contemplación de este giro trascendental: ¿está la Justicia española preparada para asimilar y gestionar ese cambio? La respuesta habita necesariamente en la formación jurídica de todos los protagonistas, públicos y privados, del Derecho.
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