Resumen de Equilibrio financiero y prestación sanitaria o sobre la falaz contraposición entre economía y salud. Reflexiones a propósito del COVID-19
- español
La actual crisis sanitaria y económica motivada por la pandemia del COVID-19 ha generado un discurso que, artificiosamente, contrapone la protección de la salud y el funcionamiento de las economías de los distintos Estados. No obstante, desde sus propios anclajes constitucionales, las consideraciones económicas son omnipresentes en la configuración jurídica de la prestación pública de asistencia sanitaria, cuyo eficaz diseño en modo alguno puede prescindir de aquellas, como esta reflexión acredita. E instrumentos como el «Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia» o las APAs consagran también a nivel europeo. Salud pública que, en atención al COVID-19 ha merecido un ímprobo esfuerzo económico.Las dos razones, económica y sanitaria determinan e informan convulsiones normativas en este campo, como se ha apreciado en las dos últimas grandes crisis, financiera y sanitaria. El SNS se vertebra sanitariamente, pero es un sistema «cordado» económicamente. Un conjunto de expresiones de tinte económico puebla la regulación y los pronunciamientos jurisdiccionales sobre esta materia. Dan vida al principio económico del sistema, que adquiere realidad orgánica en la existencia de múltiples comisiones, comités u órganos colegiados asesores varios. Y que se proyecta en titularidad, medios de satisfacción y, en lo que nos centramos, contenido de la asistencia pública sanitaria. En la financiación, categorización y actualización de la cartera de servicios. Y, en especial, en un haz conceptual propio de la prestación farmacéutica, vital a los efectos de entendimiento de ésta. Y ello a pesar, en la determinación de dicho contenido, juega la prestación por «accesoriedad» y, sobre todo, el «principio de reparación íntegra del daño causado» originado en causa profesional.
- English
The current health and economic crisis caused by the COVID-19 pandemic has generated a discourse that, artificially, opposes the protection of health and the functioning of the economies of the States. However, from their own constitutional anchorage, economic considerations are omnipresent in the legal configuration of public health care provision, the effective design of which cannot in any way dispense with those. Instruments such as the «European Recovery and Resilience Mechanism» or the APA agreements enshrined this reality at European level. Public health, which, in view of the COVID-19, has merited a major economic effort.The two reasons, economic and health, determine and inform regulatory convulsions in this field, as has been seen in the last two major crises, financial and health. The NHS is structured in terms of health, but it is an economically articulated system. A set of economic expressions populate the regulation and the jurisdictional pronouncements on this matter. They give life to the economic principle of the system, which becomes an organic reality in the existence of multiple commissions, committees or various collegiate advisory bodies. An economic principle that is projected on the entitlement, means of satisfaction and, in what we focus, on the content of public health care. In the financing, categorization and updating of the service portfolio. And, especially, in a conceptual framework of pharmaceutical services, which is vital for the purposes of its understanding
