El 18 de mayo del 2016 el gobierno de Costa Rica solicita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que emita una opinión consultiva, acerca de la protección internacional de los derechos de la población sexualmente diversa, o LGBTI, incluyendo el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esta solicitud llegó a que la Corte IDH emitiera, el 9 de enero del 2018, la opinión consultiva OC-21/17 Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. Dicha opinión consultiva tuvo un importante impacto en la coyuntura política y social del país; no solo por las implicaciones legales que ocasionaba en relación al reconocimiento de los derechos de la población LGBTI, sino también porque se dio a conocer a menos de un mes de las elecciones nacionales, y acarreó un cambio en el tono de la campaña electoral, provocando que fuera el tema que concentrara la discusión política.
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